Tarifas: por calidad, no por negociación

La tarifa de los microbuses subió $1.°° (Foto: Ari Santillán/WRI México)

El Jefe de Gobierno incrementó la tarifa del transporte público concesionado. El impacto de esta decisión afecta a los usuarios de los microbuses, quienes califican el servicio como deficiente, deberán sacar más dinero de su bolsillo y esperan tener un mejor servicio; y a los transportistas, a quienes no les parece suficiente el incremento y amenazan con no dar mantenimiento a los microbuses.

¿Quién tiene la razón, el gobierno, los microbuseros o los usuarios? Lamentablemente no hay respuesta. La tarifa es meramente el resultado de un proceso de negociación entre gobierno y transportistas, no se basa en un cálculo de ingresos y costos, ni en una política tarifaria consistente. Es importante reflexionar sobre el costo real de movilizar un ciudadano en el transporte público (tarifa técnica) y cómo se debe pagar este servicio.

La tarifa técnica en el transporte público depende de los costos de los insumos para la prestación del servicio. Calidad y cobertura son determinantes para ofrecer un mejor servicio, esto aumentará la tarifa técnica. Si pensamos en ofrecer mayor comodidad, se debe considerar más inversión en autobuses, lo que tiene un impacto inmediato en los costos de la operación, así como en el nivel de remuneración de la inversión de los transportistas. La tarifa técnica debe basarse en información sistematizada y parametrizada.

La tarifa al usuario, lo que realmente paga el pasajero puede estar a la par, por debajo o por encima de la tarifa técnica. Hoy el pago del usuario es la única fuente de ingresos de los operadores de microbuses y la baja calidad del servicio corresponde a esa tarifa. En concreto, la tarifa al usuario es menor que la tarifa técnica necesaria para ofrecer calidad.

Se puede alcanzar un escenario en el cual la tarifa al usuario sea igual a la técnica y con un buen nivel de servicio, parece lógico, sin embargo, habría un impacto económico significativo sobre los bolsillos de la población con menores ingresos. De acuerdo con Semovi, las familias de bajos ingresos destinan en promedio el 18% de sus ingresos para movilizarse, por lo que un incremento tiene un impacto negativo en la economía familiar y, en consecuencia, en la imagen de quien lo autoriza.

Algunos países han logrado tener transporte público de calidad complementando recursos con otras fuentes como publicidad, pero no es suficiente. La diferencia más importante en general se cubre con subsidios provenientes de recursos públicos.

La mayoría de los países europeos tienen tarifas que triplican el promedio de Latinoamérica y el subsidio al transporte colectivo está por encima del 50%. La calidad tiene precio alto. La experiencia latinoamericana está demostrando cada vez más la necesidad de contar con recursos de otras fuentes para garantizar un servicio de calidad, sin embargo, no siempre el subsidio logra el resultado esperado, éstos deben estar fuertemente condicionados a estándares de calidad, eficiencia y bajo escrutinio por la autoridad.

Sin embargo, esto puede ser insostenible para las finanzas de la ciudad. Se debe pensar en esquemas progresivos de calidad que garanticen alta eficiencia, cada peso invertido debe revertirse en mejor servicio para el usuario.

Urge avanzar en la organización del Sistema Integrado de Transporte Público, que cuente con una autoridad única; con claras condiciones de calidad, remuneración y estructura para los prestadores del servicio; con instrumentos de regulación entre lo público y lo privado y sobre todo con información transparente que garantice la toma de decisiones sobre tarifas, con parámetros claros.

El incremento tarifario no puede ser una negociación, debe ser una decisión que dependa de una política tarifaria y con un análisis del impacto social, pero que considere elementos técnicos que permitan al gobierno la oferta de un servicio de calidad, a los ciudadanos mejor calidad de vida y a los prestadores del servicio una salud financiera para sus empresas.

 

*Este artículo se publicó originalmente en la sección de CIUDAD del periódico Reforma el pasado 27 de abril.