Los efectos del gasolinazo en el transporte público

Taxis y autobuses en la CDMX. (Foto: Ari Santillán/WRI México)

De precio único a precio máximo

En diciembre pasado el gobierno federal anunció la eliminación de los subsidios a los precios de los combustibles (gasolinas y diésel), así como su liberalización paulatina a partir de 2017, mejor conocido como el “gasolinazo”. Esto representó un incremento de entre el 14% y el 20% respecto a los precios de diciembre 2016. 

En resumen, se hicieron un par de cosas: 1) eliminar el subsidio que había en el costo de los combustibles, por lo cual el gobierno ya no aporta dinero para establecer el precio de venta único y 2) establecer el precio de venta de los combustibles acorde a las condiciones de los mercados internacionales; con esto los precios de las gasolinas (magna y Premium) así como el diésel se ajustan diariamente. 

La metodología para el cálculo de los precios máximos de los combustibles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dividió al país en 90 regiones (83 al interior y 7 fronterizas). Las diferencias de las regiones estriban en los costos de logística y transportación de PEMEX para cada región, así como un estímulo a zonas fronterizas con Estados Unidos para equilibrar el precio respecto a las ciudades vecinas. Como ejemplo, el 7 de marzo el litro de gasolina magna costó 15.62 pesos en Ciudad Juárez, 15.84 pesos en Cuernavaca y 16.22 pesos en la Ciudad de México (Coyoacán).

El “gasolinazo” resulta un tema importante para el análisis de sus efectos y presenta una oportunidad excepcional para atender y enderezar los viejos rezagos del sector; esquemas tarifarios, incentivos para la formalización y calidad del servicio, y desincentivar el uso particular del automóvil, así como la promoción de modos de movilidad activa como la caminata y el ciclismo a través de mejor infraestructura.

¿A quién impacta?

El incremento en el precio de los combustibles impacta a todo el sector transporte, tanto de personas como de carga:

  • Viajes realizados en vehículos propios
  • Servicios de tarifa no regulada: transporte de mercancías, taxis ejecutivos, etc.
  • Servicios de tarifa regulada: transporte público colectivo, taxis y otros servicios

Tan solo en movilidad urbana, impacta a alrededor del 70% de todos los viajes urbanos realizados en modos motorizados. Particularmente en el transporte público el impacto resulta en un tema de importante análisis, a diferencia de los usuarios individuales que internalizan los costos, o los servicios de tarifa no regulada que pueden trasladar el costo al consumidor final, el transporte público colectivo e individual se encuentra entre la espada y la pared. Valga la analogía, la espada podría representar el incremento en los precios de los combustibles y la pared, naturalmente, serían las tarifas marcadas por cada gobierno para el transporte colectivo y taxis, es decir el “costo social”, el cual no necesariamente representa el “costo técnico” de los servicios.

El nuevo costo de los combustibles impacta en diferente proporción a los diferentes esquemas de transporte público, mientras que en una empresa establecida puede tener una afectación de entre el 4% y el 10% (dependiendo el tamaño de la empresa, modelo de costos, número de viajes que atienden, entre otros factores), de acuerdo con Grupo MOVA; en el sector hombre-camión la afectación es mayor, representando como mínimo un 12% de sus ingresos totales, mientras que en el transporte público individual el impacto puede rondar entre el 8 y el 12%, de acuerdo con estimaciones hechas por el equipo de WRI México.

¿Por qué deberíamos de invertir en el transporte público?

El “gasolinazo” ha puesto en la discusión pública una gran cantidad de rezagos en materia de transporte público. Durante los primeros dos meses del año varias ciudades y estados han buscado modificar sus tarifas a fin de equilibrar los efectos del incremento de los combustibles y atender a las demandas del sector transporte.


Aumentos tarifarios en diferentes ciudades del país a inicios de 2017.
Elaboración propia a partir de notas de prensa

Sin embargo, la tarifa establecida en cada ciudad o estado no responde necesariamente a una metodología tarifaria, índices económicos o índices de calidad de transporte; en la mayoría de los casos son derivados de presiones políticas o situaciones de coyuntura. Además, las bases tarifarias existentes alrededor del país son altamente disímiles. Como ejemplo, en una misma área conurbada, el transporte público en la Ciudad de México cuesta entre 5 y 6 pesos; mientras que en el Estado de México las tarifas son de 8 pesos para colectivos, 6 pesos para el Mexibús y 6 pesos para tipo mixto. En ambos casos se agregan 20 centavos por cada kilómetro excedente a los primeros 5 kilómetros.

El sector del transporte público requiere de gran atención que permita continuar con la formalización hacia empresas establecidas, la integración de servicios, medios pago e información, así como la mejora en la calidad prestada, sin embargo, en la coyuntura del “gasolinazo” esto pareciera no ser posible. Incluso los sistemas de transporte público con mayor fortaleza institucional han encontrado un gran reto; a finales de febrero al menos 10 unidades de la Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México suspendieron su servicio por algunas horas debido al “gasolinazo”. Los representantes de las empresas que prestan el servicio solicitaron un ajuste en el pago de su remuneración que refleje los efectos que han tenido los incrementos de los combustibles y otros insumos en los últimos años. Ante ello, el sistema Metrobús expuso la necesidad de un incremento en la tarifa que permita cubrir los costos reales del sistema, estableciéndola en 8 pesos.

Todo lo anterior estresa a la transformación del transporte público y pone en un “callejón sin salida” a las autoridades de transporte que tienen el reto de mejorar el servicio público a la par de hacerlo viable tanto para la sociedad que invierte diariamente como para los concesionarios.

Encuentro Nacional de Autoridades de Transporte

WRI México, antes CTS EMBARQ México, desde sus inicios ha promovido y catalizado las mejores soluciones de transporte público para las ciudades mexicanas. Con la meta de tener mayor calidad a través de unidades nuevas y con altos estándares ambientales, infraestructuras de integración de servicios y procuración de la seguridad vial, implementación de tecnologías para la operación, el recaudo y la información al usuario; así como la creación de empresas sólidas de transporte público e instituciones que procuren la operación y planeación del sistema.

Ante la coyuntura del “gasolinazo” el sector transporte público se enfrenta a grandes riesgos financieros que pueden verse reflejados directamente en la calidad del servicio prestado (incluso dejando de operar), así como la proliferación de modos de transporte fuera de la regulación institucional como servicios pirata o incluso un cambio adverso hacia medios menos sustentables como microbuses y vagonetas, o el aumento en el uso de motocicletas de bajos estándares tecnológicos y de seguridad.


Unidad vieja de transporte público aún circulando en la Ciudad de México. (Foto: Ari Santillán/WRI México)

A finales de enero, WRI México convocó a las autoridades locales de transporte público a nivel nacional a tener un encuentro donde pudiéramos plantear soluciones en materia de transporte público que logren sopesar los actuales retos en materia financiera de los sistemas. Durante el encuentro se establecieron 5 líneas de trabajo que estarán siendo desarrolladas con la participación de las autoridades de transporte, el sector privado y la sociedad civil:

  1. Fortalecimiento del financiamiento para la transformación del transporte público
  2. Diseño de elementos para la formulación de políticas tarifarias
  3. Impulso de la calidad del servicio
  4. Institucionalidad para la movilidad
  5. Formalización del sector transporte público

El transporte público es un servicio básico en nuestras ciudades, la calidad y cantidad del mismo marca la diferencia en la movilidad y por lo tanto genera efectos positivos o nocivos derivados de la forma en cómo nos movemos. WRI México considera imperante una puesta en común para atender nuestros sistemas de transporte y hacer posible la transformación, por lo cual es promotor y facilitador del Pacto Nacional de Autoridades por la Movilidad y la generación de acciones claras y aterrizables.