Ley de Movilidad Sustentable de Colima: a la vanguardia en transparencia, innovación y seguridad vial

Centro de la ciudad de Colima. (Foto: Irene Soria/Flickr)

Tres minutos antes de las cinco de la mañana del 27 de enero, el Congreso Estatal de Colima aprobó el Dictamen para la Nueva Ley de Movilidad Sustentable, después de más de ocho horas de discusión. La nueva ley se destaca por el establecimiento de una nueva forma de entregar concesiones a través de procesos claros y definidos que, de acuerdo con las autoridades estatales, aseguran la transparencia y se enfocan en las necesidades de los colimenses.

De igual manera, el instrumento normativo brinda los cimientos para la creación de un Sistema Integrado de Transporte Público Regional que permitan la integración de tarifas y la optimización de rutas; esta ley también regula a los sistemas de transporte privado mediante dispositivos tecnológicos, quienes tendrán que aportar el 1.5% de cada viaje para el Fondo Estatal de Movilidad. Asimismo, también fomenta la movilidad sustentable al adoptar la pirámide invertida en cuanto a prioridad en el uso del espacio público, poniendo a la cabeza a quienes utilizan modos de transporte no motorizados (peatones y ciclistas).

La necesidad de una nueva ley de movilidad

En Colima, el 30% de los viajes se realizan a pie, de acuerdo con la Secretaria de Movilidad del estado, Gisela Méndez; “durante años, Colima contó con una Dirección de Transporte que se dedicaba a la administración y regulación del transporte público, (pero) no atendía otro tipo necesidades de movilidad –y agrega– el principal objetivo es colocar a las personas en el centro de la política de movilidad. Nuestra prioridad es mejorar la calidad”. Pese a la gran cantidad de viajes a pie y el aumento constante en el uso de la bicicleta, el estado no cuenta con infraestructura “que les permita moverse con seguridad y dignidad, particularmente en las zonas urbanas más marginadas”, de acuerdo con Méndez.

“Los peatones, las personas con movilidad reducida y los ciclistas no tenían un papel predominante en las políticas, proyectos e inversiones de movilidad”, Gisela Méndez.

La Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez (que concentra al 50% de los municipios del estado) presenta un aumento de motorización superior al 10% anual, mientras que su población apenas crece a un ritmo del 2% al año. Por si fuera poco, “durante los últimos 15 años, las ciudades colimenses han perdido más de la mitad de sus usuarios de transporte público colectivo”, confiesa la secretaria estatal. Fernando Páez agrega que Colima es “la segunda entidad del país con mayor índice de crecimiento del parque vehicular”.


Calle peatonal en Colima. (Foto: jaguar404notfound/Flickr)

 

Fernando, Director Operativo de WRI México, asegura que Colima “tenía la necesidad de una gestión más integral del Sistema de Movilidad por el mal funcionamiento del mismo, dado el crecimiento poblacional de las ciudades (…) Fue necesario iniciar un proceso de ‘poner la casa en orden’ desde la revisión y ajuste del marco institucional y legal”.

Ciudades a escala humana

La nueva ley establece la movilidad como “el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de personas y bienes para acceder mediante los diferentes modos de traslado y transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en esta Ley, para satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas, y pleno desarrollo sustentable y transversal”.

“Colima debe contar con una movilidad segura y preferencial en términos de la jerarquía de movilidad”, Gisela Méndez, Secretaria de Movilidad de Colima.

El cambio del transporte público colimense

Fernando Páez de WRI México enumera los principales cambios enfocados en mejorar el transporte público del estado.

  • La inclusión del concepto de Sistema Integrado de Transporte Público Regional.
  • Estándares de servicio para el transporte público y la inclusión del componente tecnológico como una herramienta que facilite el monitoreo de su cumplimiento.
  • La inclusión de la participación de los usuarios en la evaluación del servicio.
  • Definición de criterios ambientales y edad máxima de antigüedad de la flota vehicular.
  • La claridad en las relaciones autoridad–prestador del servicio en relación con las obligaciones y derechos de cada uno y los mecanismos legales que las regulan para garantizar un servicio de calidad a los ciudadanos.
  • La creación de sistemas de información que permitan contar con datos para facilitar el control y la toma de decisiones en este modo de transporte.


Las autoridades confían en ver avances en el corto plazo. (Foto: Michael Swigart/Flickr)

Gisela Méndez agrega que “de forma inmediata” el gobierno estatal busca generar “calles para todos, donde puedan circular con seguridad ciclistas, peatones, transporte público y automóviles”, así como aumentar la oferta del transporte público y promover la intermodalidad; la utilización de tecnologías de la información para monitorear el sistema de transporte y transparentar la entrega de concesiones a operadores de buses y taxis.

Transparencia como eje de las políticas públicas

El tema de las concesiones fue uno de los más discutidos, sin embargo, la funcionaria estatal defiende la necesidad de generar procesos transparentes que permitan mejorar la calidad del servicio y den certeza a los operadores, quienes fueron uno de los sectores que más promovió la entrega de concesiones a verdaderos choferes (en el caso de los taxis) y que, en el caso de los autobuses, se dé prioridad a las empresas de transporte colimenses.

“Las concesiones se han dado sin considerar los requerimientos de vehículos ni de demanda; se daban como favores políticos sin criterios ni procesos claros”, Gisela Méndez.

La nueva ley limita la discrecionalidad de los gobernadores en turno para asignar concesiones y da un marco sobre los requisitos necesarios para ser concesionario, además “obliga al ejecutivo del estado a demostrar, a través de un estudio técnico, la necesidad del servicio, sus condiciones de operación, estándares de calidad, etc”, agrega la secretaria. Con esta nueva ley, ya no se podrán otorgar concesiones para transporte sin pasar por un proceso técnico y transparente que demuestre la necesidad de aumentar el número de unidades.

Páez, quien, en conjunto con el equipo de Movilidad del programa de ciudades de WRI México apoyó en diversas fases la construcción de esta nueva ley, agrega que los nuevos concesionarios, permisionarios o arrendatarios deberán cumplir requisitos como Capacidad Jurídica, técnica-personal, técnica-material y financiera para prestar los servicios de transporte.

“El otorgamiento de concesiones obedecerá a criterios que garanticen que los prestadores del servicio cumplan a cabalidad con la responsabilidad que les otorga el estado para garantizar el servicio de transporte público a los ciudadanos”, Fernando Páez, WRI México.

La nueva ley de movilidad menciona que el otorgamiento de concesiones para el servicio público de transporte será a través de convocatorias y serán evaluadas por una Comisión Mixta Especial con participación ciudadana, de acuerdo con Méndez, lo que permitirá “llevar a cabo los procesos de la forma más abierta, transparente y clara posible”.

Ahora es turno de la sociedad colimense adoptar este nuevo modelo de movilidad que les permitirá tener ciudades más seguras, aire más limpio, mayor calidad de transporte público y menos congestionamientos viales.