Desarrollo Territorial y Urbano en la Constitución CDMX

Regeneración de la zona central de la CDMX. (Foto: CTS EMBARQ México | WRI)

Después de la Reforma Política del Distrito Federal, la recientemente renombrada Ciudad de México se encuentra en un momento histórico: la elaboración de su primera Constitución, la cual deberá plantear los principios rectores para la ciudad en todos los ámbitos que corresponden a los gobiernos estatales y locales, entre ellos la planeación y gestión del desarrollo territorial y urbano.

Vale la pena detenerse a analizar algunos datos y dinámicas que explican el funcionamiento diario de la ciudad, así como sus principales retos y oportunidades:

  • Forma parte de una Zona Metropolitana de 20.89 millones de habitantes y, si bien la CDMX concentra la mayor parte de las actividades económicas, ha ido perdiendo habitantes, teniendo en 2015 solamente al 42.69[1] de la población total de la ZMVM. Eso la vuelve una fuerte receptora de viajes de población flotante que acude diariamente a trabajar, estudiar, comprar o acceder a su extensa red de equipamientos.

  • Está rodeada al norte y al oriente por los municipios conurbados del Estado de México y al sur y al poniente por Suelo de Conservación, por lo que ya no puede ni debe expandirse. Todos los espacios y edificaciones que requiere para desarrollarse en las próximas décadas tendrán que estar ubicados al interior de la zona urbana actual. Lo anterior obliga a desarrollar instrumentos que permitan identificar, reciclar, regenerar y densificar aquellas zonas con mayor potencial de desarrollo.

  • Experimenta una especie de paradoja inmobiliaria: al mismo tiempo que sufre un proceso de despoblamiento, experimenta un crecimiento en su parque habitacional. Lo anterior se debe a que el promedio de ocupantes por vivienda se ha reducido de 5.6 en 1970 a 3.4 en 2015[2], es decir, se requieren más viviendas para alojar a un menor número de habitantes.

  • Las condiciones de buena ubicación y cobertura de servicios públicos de la Ciudad de México han encarecido el suelo y la vivienda, lo que ha obligado a los habitantes de menores ingresos y familias jóvenes a ubicarse en zonas de riesgo o en suelo de conservación, o bien, en los municipios metropolitanos, lejos del empleo y de muchos de los satisfactores urbanos que la ciudad ofrece. Esto se traduce en la necesidad de largos desplazamientos diarios, con las negativas repercusiones en los ámbitos social, económico y ambiental no sólo de las personas que los realizan, sino de todos los habitantes de la metrópoli.

Principios y derechos que deben considerarse

En ese marco, consideramos que los temas territoriales y urbanos que queden contenidos en la Constitución de la CDMX deberían incluir los siguientes principios y derechos:

Función social de la ciudad. La ciudad debe garantizar a todas las personas la utilización de los recursos y la realización de proyectos e inversiones en su beneficio, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ambiental.

Función social de la propiedad. Los espacios y bienes públicos y privados deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. La ciudadanía tiene derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables.

La ciudad tiene el derecho a participar de las rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la planeación del desarrollo urbano (usos del suelo y edificabilidad) y por la inversión pública (obras y equipamientos) que es capturada por los privados sin haber efectuado ninguna acción sobre su propiedad. La Ciudad debe utilizar dichas plusvalías para construir las infraestructuras y equipamientos que requieren sus habitantes.

Medio ambiente. La ciudad debe adoptar medidas de prevención frente a la ocupación de áreas de valor ambiental; así como desarrollar normas y políticas de resiliencia, ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje y recuperación de áreas de valor ambiental, para ampliar y proteger los espacios verdes.

La ciudad debe también garantizar la salvaguarda del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, así como promover la recuperación y revitalización de las áreas y equipamientos urbanos degradados.

Desarrollo urbano equitativo y sustentable. Desde el nivel metropolitano hasta el barrial, la ciudad debe desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; impida la segregación y la exclusión territorial; priorice la producción social del hábitat y el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada.

Gestión democrática. La Ciudad debe generar una política amplia de participación ciudadana, abriendo cauces y espacios institucionalizados para la participación directa, equitativa, informada y democrática al más alto nivel posible en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de políticas y presupuestos públicos. 

Accesibilidad y movilidad. La ciudad debe promover la accesibilidad por medio del fomento al uso mixto del suelo y garantizar la movilidad a través de sistemas integrados de transporte público con base en modos de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales (de género, edad y discapacidad) y ambientales, a precio razonable, que opere en condiciones de seguridad y confort. Debe también proveerse de infraestructura adecuada para los modos de movilidad no motorizada.

Vivienda. La ciudad debe adoptar medidas para garantizar a sus habitantes viviendas que reúnan condiciones de habitabilidad, estén ubicadas en un lugar adecuado y se adapten a las características socioeconómicas, etarias y culturales de quienes las habitan.

Debe fomentarse una oferta adecuada de vivienda en venta y renta, así como equipamientos de barrio para todos los ciudadanos y garantizar a los grupos vulnerables, prioridad en las leyes y políticas de vivienda.

La ciudad debe inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el desarrollo urbano, y de instrumentos de política económica, tributaria y financiera que permitan alinear el gasto público con los programas y proyectos de desarrollo urbano.

La ciudad debe desarrollar una legislación adecuada que fomente el pleno aprovechamiento del suelo urbano, así como de inmuebles públicos y privados subutilizados, para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad.

Medidas de implementación y supervisión del derecho a la ciudad. Debe promoverse la enseñanza del derecho a la ciudad en las escuelas y universidades, así como por conducto de los medios de comunicación y las redes sociales.

La ciudad debe construir mecanismos de evaluación y monitoreo de las políticas de desarrollo urbano e inclusión social implementadas, con base en un sistema eficaz de indicadores.

La ciudadanía debe supervisar y evaluar con regularidad el grado en que se respetan sus obligaciones y derechos.

 

*Este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa, necesariamente, la postura de CTS EMBARQ México, del World Resources Institute (WRI) o de este portal.

 

[1] INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

[2] INEGI, IX, X, XI, XII Censos de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010; Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2005; Encuesta Intercensal 2015.