Reforma histórica para transformar el modelo urbano en México

Imagen aérea de Guadalajara. (Foto: Alex Lomix/Flickr)

México es un país eminentemente urbano, el 78% de su población vive en una localidad urbana de más de 2 mil 500 habitantes y el 63% en centros urbanos con más de 15 mil habitantes. El tema urbano debe ser la prioridad en la agenda pública y política del país, se deben resolver los problemas de manera integral. Necesitamos apostar por el desarrollo e implementación de una visión urbana compacta, conectada, coordinada y competitiva. Para ello, el gran reto está en el establecimiento de los instrumentos de planeación, financieros e institucionales que permitan a las ciudades contar con los recursos económicos, las instituciones, normas, programas e incentivos necesarios y adecuados para lograr los procesos de transformación en la escala local.

En este sexenio, México se ha trazado el objetivo de “incrementar y democratizar la productividad de nuestra economía –así como– garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales a todos los mexicanos, conectando el capital humano con las oportunidades económicas para disminuir las brechas de desigualdad y promover la más amplia participación social”. Al mismo tiempo que se ha comprometido en diferentes instancias internacionales a transitar hacia una economía baja en carbono lo que, entre otros elementos, implica reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 30% respecto a la línea tendencial de emisiones para el año 2030. El impacto de las ciudades en este objetivo no es menor: el conjunto de las 93 urbes (concentradas en 56 zonas metropolitanas) con población superior a los 100 mil habitantes contribuye con el 88% de la Producción Bruta Total del país, concentrando el 83% del personal ocupado en México.

Las ciudades son las puertas que abren nuestra economía y nos conectan con el resto del mundo. Sin embargo nuestro modelo urbano actual se caracteriza por ser distante, disperso y desconectado (3D). Las ciudades pierden competitividad, nuestro modelo urbano no garantiza el acceso a un medio ambiente limpio, a una vivienda digna, a la protección a la vida o la salud y, por el contrario, promueve la desigualdad social y espacial (35 millones de habitantes hoy gastan más dinero para satisfacer sus necesidades básicas) y aumentan la congestión y contaminación (tan sólo en la Ciudad de México se pierden 3.3 millones de horas-hombre por la congestión vehicular).

En CTS EMBARQ México consistentemente hemos avocado por una Reforma Urbana que revierta esta tendencia. Hay algunos avances en esa dirección:

  1. La creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar políticas de ordenamiento territorial, asegurar la vivienda digna y el desarrollo urbano y rural.
  2. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que, por primera vez, incorpora objetivos urbanos que promuevan la movilidad urbana sustentable, el espacio público y el crecimiento denso y compacto.
  3. La publicación del Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y del Programa Nacional de Vivienda, con definiciones más claras y específicas sobre el nuevo modelo urbano para las ciudades mexicanas.
  4. Cambios en algunas reglas de operación de créditos y subsidios a la vivienda.

Sin embargo estos avances no han logrado consolidar cambios significativos en el modelo de nuestras ciudades ni en la calidad de vida de los ciudadanos. Rumbo a Hábitat III, en México todavía existen varios temas pendientes por atender y que son fundamentales para impulsar nuevos modelos urbanos sustentables. El primero de ellos es reformar la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) –que data de 1976 y fue actualizada por última vez en 1993 (la última reforma fue en 2014)–, la cual se centra en la regularización de la tenencia de la tierra y en la construcción masiva de vivienda. El cambio hacia un modelo sustentable requiere modificaciones profundas en el marco legal, las cuales deben considerar:

  1. La planeación a largo plazo, vinculando planes y presupuestos.
  2. Mecanismos para la gestión metropolitana.
  3. Integración de las políticas de usos de suelo y movilidad.
  4. Ciudades compactas, coordinadas y conectadas.
  5. La movilidad urbana sustentable.
  6. Instrumentos de gestión del suelo.
  7. Mecanismos de financiamiento.

El segundo reto es establecer una cartera de instrumentos institucionales, financieros, fiscales y de planeación que nos permitan implementar el marco legal para potenciar los avances institucionales y de planeación que se han efectuado. Finalmente es fundamental el establecimiento y la estandarización de las normas técnicas urbanas y la adecuación de la normativa y planeación local, de forma tal que se promueva la articulación entre los diferentes niveles de gobierno.

Urge trascender del planteamiento de buenas intenciones a la implementación de cambios normativos, institucionales, programáticos y presupuestales que nos permitan materializar la transformación de las ciudades y ofrecer a los ciudadanos igualdad en el acceso a las oportunidades, recuperar su tiempo y productividad, así como contar con una mayor calidad de vida.